REORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
Durante la vigencia 2025, la Procuraduría General de la Nación adelantó un proceso sistemático de reorganización interna mediante la expedición de diversas resoluciones orientadas a fortalecer la estructura funcional del Ministerio Público.
La creación de las procuradurías delegadas con competencias en materia electoral y de participación democrática, se articulan directamente con la estrategia institucional de “paz electoral”1, orientada a garantizar procesos electorales íntegros, transparentes y libres de interferencias indebidas. Estas dependencias cumplen un papel fundamental en lo relativo a la vigilancia superior de la conducta oficial y a la intervención en defensa del orden jurídico dentro de los procesos electorales.
A su vez, la Resolución 264 de 2 de octubre de 2025 dispuso la creación de nuevos grupos de trabajo y la reasignación de funciones al interior de la Dirección de Asuntos Electorales, con el propósito de optimizar procedimientos internos y fortalecer la gestión de asuntos propios de esa dependencia. Esta medida se fundamentó en criterios de racionalización administrativa y distribución adecuada de cargas laborales.
Estas medidas se fundamentaron en las facultades conferidas al Procurador General por los artículos 277 y 278 de la Constitución Política, así como por el Decreto Ley 262 de 2000 y sus modificaciones, y tuvieron como finalidad optimizar la organización administrativa, redistribuir competencias y atender de manera más eficiente las obligaciones constitucionales y legales asignadas a la Entidad.
En este periodo se adoptaron varias decisiones de alto impacto institucional. Destacan, en primer lugar, las resoluciones 083, 084, 085, 086 y 095 de 2025, mediante las cuales se creó el Grupo de Trabajo Interno de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional, se modificó la Resolución 377 de 2022 con el fin de redistribuir competencias entre las procuradurías delegadas, y se conformaron equipos especializados en materia electoral y de participación democrática. Estas decisiones permitieron ajustar las funciones de las delegadas con competencias mixtas y reglamentar el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, ampliando la capacidad técnica y operativa para cumplir con funciones de intervención y vigilancia en procesos sujetos a control del Ministerio Público.